El pasado 10 de mayo del corriente año, la Oficina de Género (OG), junto a la Escuela de Capacitación del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, terminó una nueva capacitación a las y los operadores del Poder Judicial para dar cumplimiento con lo establecido en la ley Micaela (Ley 27.499).
Conforme ya se expusiera en anteriores oportunidades, se trata de una herramienta de sensibilización que brinda la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue validada por el Sistema de Naciones Unidas en Argentina y declarada buena práctica por la Organización de los Estados Americanos, adaptada al formato virtual.
El total del personal capacitado en esta oportunidad es de 176 personas, separadas en dos talleres. El taller nro. 22 estuvo destinado a una magistrada recientemente nombrada, titulares y suplentes de juzgados de paz, funcionariado, escalafón administrativo desde jefe/a de despacho hasta oficial auxiliar, peritos y personal técnico, escribiente mayor, más personas que no asistieron a convocatorias anteriores justificados por licencias. Por otro lado, el taller nro. 23 estuvo destinado a los cargos administrativos desde la categoría de escribiente mayor a escribiente inicial. Es decir, ya se ha capacitado al 86,6 % de los y las agentes del Poder Judicial, superando el 79% que se había alcanzado hasta los anteriores talleres.

Desde el Poder Judicial, se busca seguir trabajando en el reconocimiento de estereotipos de género, el desarrollo de estrategias que promuevan la reflexión de las y los agentes y la implementación de acciones concretas que garanticen los derechos humanos de las mujeres y de integrantes del colectivo LGBTIQ+.Con ello se espera contribuir a la incorporación de la perspectiva de género en este poder del Estado santacruceño, a través de la deconstrucción de los patrones socioculturales que obstaculizan la igualdad real de género, teniendo como principales ejes de abordaje el marco normativo que sostiene el derecho de acceso igualitario a la justicia; las violencias basadas en el género como problemática social; la debida diligencia, obligación de la justicia y el acceso a justicia de mujeres y personas LGBTIQ+.