Crearon el equipo de apoyo interdisciplinario

CREARON EL EQUIPO DE APOYO INTERDISCIPLINARIO

Advierten que en el 80% de los casos de restricciones de capacidad, las personas pueden manejar su patrimonio.

En la Defensoría General de Santa Cruz, se creó el Equipo Interdisciplinario. Su misión es garantizar el libre ejercicio de la autonomía de las personas con discapacidad y evitar la proliferación de restricciones a la capacidad jurídica que se da como consecuencia del desconocimiento de la ley de salud mental y su paradigma en derechos humanos.

Creado por Resolución del Tribunal Superior de Justicia en mayo de este año, a instancias del Defensor General de Santa Cruz, Domingo Fernández, el equipo de apoyo interdisciplinario para las defensorías públicas oficiales, tiene facultades para intervenir en los procesos de determinación de capacidad de las personas que están en trámite ante los juzgados de familia de Río Gallegos, para los casos que no hubiera familiares o personas de confianza.

También sus profesionales pueden ser propuestas como peritos por parte de la defensa pública oficial, en causas penales, especialmente donde se investiguen delitos contra la integridad sexual y realizar diagnósticos en causas de violencia laboral o institucional.

El equipo está integrado por las psicólogas, Julia Arias y Emilia Albornoz, las profesionales en Trabajo Social, Camila García y Carolina Gaudino y una agente administrativa, Melisa Avedano Schaller, coordinadas por la Letrada Adjunta de la Defensoría General, Romina Gallardo, quien explicó que el objetivo es “favorecer la autonomía y toma de decisiones de la persona con discapacidad”.

En casos en donde se inicia un expediente para determinación de apoyo de una persona con discapacidad, que no tiene otro vínculo de confianza o una red familiar que pueda llevar adelante la administración de su patrimonio, el equipo se encarga de administrar y resguardar sus bienes, rindiendo cuentas ante el magistrado interviniente.

“Parte del nuevo paradigma de convenciones internacionales que fueron incorporados al bloque de constitucionalidad y al nuevo Código Civil, es que se pasa de un modelo médico y rehabilitador de la discapacidad a uno totalmente social de derechos humanos, que conlleva a que se suplante la figura del curador, a ser la propia persona

la que pueda, con un apoyo, tener autonomía y tomar decisiones para que se respeten sus derechos”, indicó Gallardo.

Sin embargo, las figuras de apoyo deben ser aplicadas “para quienes realmente lo necesiten. Incluso si así fuera, la persona tiene la facultad de proponerle al juez la designación de una o más personas de su confianza para que les presten apoyo, el mismo evaluará esa designación, los alcances y procurará la protección de la persona respecto de eventuales conflictos de intereses o influencia indebida”, aclaró.

Desde su reciente creación, el equipo inició un trabajo articulado con distintos organismos como Anses, la Caja de Previsión Social, PAMI, Banco Nación, Banco Santa Cruz, el Ministerio de Desarrollo Social y el de Salud, donde muchas veces las personas inician una determinación de apoyos y salvaguardas, a los fines de acceder a una pensión no contributiva, cuando ese trámite es innecesario.

El equipo busca coordinar con la OFAJUS (Oficina para el Acceso a la Justicia) para que aquellas personas que se presentan con el objeto de iniciar una determinación de apoyos y salvaguardas, puedan ser previamente entrevistadas para un informe psicosocial que va a determinar si realmente ese es el camino que corresponde.

Esto, en virtud de que “se llegan a judicializar trámites que podrían ser derivados o gestionados en otras áreas, de hecho, hemos advertido que en el 80% de los casos de restricciones de capacidad, en los que el equipo ha sido vinculado, las personas no requerirían de un apoyo de carácter patrimonial por lo que solicitamos el cese de nuestra intervención, ya que la persona tiene autonomía, es capaz de ejercer sus derechos y manifestar su propia voluntad”, advirtió Gallardo.

En mayo del año pasado, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tuvo que emitir una nueva Resolución para la tramitación de la pensión por invalidez y no contributiva, que regula las condiciones del acceso en base a un modelo social, modificando los requisitos para su tramitación.

“En muchos organismos, la desinformación tan marcada genera una cantidad innumerable de limitaciones que no corresponden, y la gente luego termina indignada porque tienen que iniciar un trámite judicial para obtener una pensión no contributiva. Por eso, queremos trabajar en red con el Ministerio de Desarrollo, la Dirección del Adulto Mayor, con Salud Mental, el área de Discapacidad, entre otros, para que las cosas puedan llegar a resolverse sin la necesidad de tener que judicializar a la persona”, advirtió.

También es cierto que existe un universo de personas con discapacidad que no ingresaron al sistema. “Nos encontramos con familias con varios hijos con discapacidad y que ni siquiera sabían que podían tramitar beneficios, una pensión o que podían estudiar”, por eso “hay que fomentar el derecho a la información para no obstaculizar el servicio de justicia”, advirtió luego la coordinadora del equipo.

Por otro lado, la funcionaria judicial reconoció la realidad que viven muchas personas que están bajo la restricción de su capacidad, ya que “hay quienes tienen familiares que pueden hacerse cargo de administrar sus bienes, ahí nosotras pedimos el cese de nuestra intervención, y están también quienes tienen a sus hijos y estos manejan sus bienes de forma negligente, llegando incluso a solicitar créditos en grandes sumas”.

Vale mencionar, que las personas con discapacidad tienen derecho a un abogado, a tener su contacto y conocer de qué se trata una determinación de apoyo y salvaguardia, además de tener derecho a ser escuchados por un juez cuando lo crean necesario.

 

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