Allí se analizó el reglamento de actuación del Ministerio Público de la Defensa y se expuso sobre la representación legal de las personas en condición de vulnerabilidad social, las reglas de Brasilia, declaraciones juradas, tasas de justicia, beneficio de litigar sin gastos, entre otros asuntos.

También se presentó el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental a cargo de Eduardo Stober y se expuso sobre el trabajo con defensores y defensoras públicos, con intercambios en lo referente a la defensa técnica y los servicios de salud mental locales.

Asimismo, se presentó al equipo de apoyo interdisciplinario a cargo de la coordinadora Romina Gallardo y se habló sobre el sistema de apoyos patrimoniales.

Asimismo, participó la Oficina de Género del TSJ, y hubo los defensores públicos oficiales ante las Cámaras de la primera y segunda circunscripción judicial hicieron disertaciones.

Durante la última jornada, la Defensoría General, junto a la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad de la Nación y la Dirección Nacional de Asistencia a las Víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hicieron una ponencia ante el personal judicial, funcionarios y funcionarias, jueces y juezas y profesionales, de las que también participaron miembros del Poder Ejecutivo.

La idea fue promover un espacio de reflexión, intercambio y diálogo en materia de políticas públicas, herramientas de gestión y buenas prácticas respecto a la violencia sexual o familiar.

La misma fue coordinada por el defensor General, Domingo Fernández, la coordinadora de la OG, Sabrina Granero y el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Lisandro de la Torre.

Hubo también un panel sobre derechos, género y diversidad, vinculado a la ley nacional 27.372 y su implementación, a cargo de Azul Romero Beer, que es directora nacional Asistencia a las Víctimas del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación.

Se evaluaron las políticas públicas orientadas a garantizar el respeto por los derechos humanos en el accionar de las fuerzas policiales y de seguridad federales, que estuvo a cargo de María Federica Otero, de la Dirección Nacional de Políticas de Género.

Finalmente, hubo intercambio de experiencias en la provincia de Santa Cruz con la palabra del juez de Familia de Río Gallegos, Antonio Andrade, las jefas de la OAL de Río Gallegos, Caleta Olivia y Puerto San Julián, Carla Danieletto, Gladys Chaile y Carolina Morales, respectivamente y de Rubén Fernández, director de la Secretaría de DDHH de Santa Cruz, a cargo del taller de nuevas masculinidades, “Habilidades para la Vida”.

Vale mencionar que, mediante una Resolución, el Tribunal Superior declaró a la actividad como de interés para el Poder Judicial.