El 14 de mayo de 2021 finalizó un ciclo de actualización en Género y Violencia brindado a las altas autoridades de los Poderes Judiciales del país.
La misma fue dictada por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y replicada en nuestra Provincia por la Oficina de Género dependiente del Tribunal Superior de Justicia, dando su inicio el pasado 15 de abril del corriente año. Dicha capacitación se dictó de manera virtual y estuvo compuesta de cuatro módulos en los que se trabajo sobre Perspectiva de Género, Violencia Doméstica, Factores e Indicadores de riesgo en Violencia Doméstica y Lenguaje y Género, contando con disertantes como Mabel Bianco y Diana Maffia, entre otras. El titular de la Defensoría General del Poder Judicial de Santa Cruz, Domingo Fernández fue uno de los participantes y contó que el ciclo “sirvió para fortalecer el compromiso y la responsabilidad que debemos tener como operadores judiciales, a la hora de abordar una problemática tan grave y sensible como es la protección de la mujer”.
Para el Dr. Fernández, los talleres- perspectiva de género, violencia Doméstica, Lenguaje y género, entre otros- “tienen que ver con la empatía que debemos tener como funcionarios y operadores judiciales respecto a la escucha y el trato de una víctima cuando vamos a abordar su problemática”. Además, el defensor General ante el TSJ valoró la discusión en torno a “lograr un lenguaje no sexista para eliminar las formas de discriminación que a veces inconscientemente introducimos cuando utilizamos lenguajes formados en pasivos o léxicos duales aparentes”, explicó.
“Hay que deconstruir la inequidad por razones de género”, pidió luego el defensor General, marcando que, quienes integran el Poder Judicial deben “abordar esta problemática con la debida diligencia” que impone la ley para erradicar las violencias contra las mujeres, y los tratados internacionales como la Convención Belém do Pará. Vale mencionar que de la Defensoría General dependen las tres oficinas de Asistencia Letrada a la Víctima (OAL), ubicadas en Río Gallegos, Caleta Olivia y Puerto San Julián, que “garantizan el acceso a la Justicia, de todas las mujeres víctimas que, conforme las Cien Reglas de Brasilia, son personas en situación de vulnerabilidad social”, sostuvo finalmente el Dr. Fernández.